Zona deforestada por la construcción en el Cantón El Porvenir. Archivo de UNES.

Por Tatiana Alfaro

La Unidad Ecológica Salvadoreña y representante de la Red Ambientalista de Santo Tomás advierten los daños irreversibles que traerá al municipio la construcción del proyecto “Brisas de Santo Tomás” y “Plaza Santo Tomás”, el cual obtuvo aval del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En enero de 2015 el Grupo Roble y la empresa SIMAN iniciaron la construcción de un proyecto urbanístico y centro comercial en el municipio de Santo Tomás, el cual hasta el momento, ha dejado daños en 201 mil 688 metros cuadrados de bosque por la tala de 1,311 árboles centenarios y 24,051 arbustos en una extensión de 24, 3 kilómetros cuadrados.

“Este proyecto, dejará muchos daños en la región. Entre ellos, por ejemplo, se contaminarán los mantos acuíferos de la zona, la cual tiene bastante carga hídrica. Además, esto afectará en el impacto del cambio climático en el país y la protección natural ante los inviernos.”, comentó el integrante de la Red Ambientalista de Santo Tomás, Oscar López.

En la página oficial de Facebook de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás se compartió la información sobre la reunión que mantuvieron representantes del Grupo Roble con algunos pobladores de la zona y expresaron los beneficios que traería el proyecto al municipio, entre ellos: establecimiento de agua potable, arreglo de calles, campañas de reforestación y creación de al menos 500 empleos.

Según el reporte “Estrategia Nacional de Biodiversidad” del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) del año 2013, El Salvador solo cuenta con un total de 14% de ecosistema boscoso y se estableció que la urbanización ocupa más del 4% del territorio nacional, impactando a diversos ecosistemas del país. Por esa razón, se recomendó dar mayor atención al tema de ordenamientos y proyecciones urbanísticas.

Por su parte, el Alcalde de Santo Tomás, Efraín Cañas, publicó en la página oficial de la Alcaldía que la construcción del proyecto fue evaluada, revisada y avalada por el MARN, asegurando que no se dañaría ningún ecosistema local.

A pesar de esto, la representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Dolores Romero, mencionó que el desarrollo de estos proyectos urbanísticos generará contaminación en las cuencas del río Titihuapa, las cuales sirven para regar los sembradíos de la región y  abastecer los pozos del Cantón Porvenir y Las Casitas. “Esas cuencas que permiten a esta gente mantenerse a través de la soberanía alimentaria y tener acceso a agua, serán dañadas para siempre”, aseguró.

Así también, la representante de UNES manifestó que el daño causado a la zona de Santo Tomás no solo afecta a las comunidades aledañas, sino también al departamento de San Salvador, puesto que esa deforestación daña más la biodiversidad de la región.

Según reportes del SNET en enero de 2015 la calidad del aire en San Salvador se catalogó como dañina y en 2009 el informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres, publicado por la ONU, estableció que El Salvador es uno de los países más vulnerables a nivel mundial, ante el cambio climático, a causa de la deforestación.

Mientras tanto, a través de una publicación en la página oficial del MARN se dio a conocer la postura del viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Ibarra, ante la situación medioambiental del país, durante el taller de Resilencia climática en sistemas urbanos, el cual expresó: “Estamos comprometidos a impulsar políticas públicas para enfrentar el riesgo climático, con una visión que supera el tema del calentamiento global, ecosistémica que tiene que ver con agua, biodiversidad, patrones energéticos y con la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros temas”. 

Diversos ámbitos de la sociedad civil nacional e internacional se unen para exigir la ratificación del artículo 69 de la Constitución. De no obtener rango constitucional, la ley podría esperar  otros seis años para ser aprobada.

Por Donovan Najarro

La red de 130 organizaciones estuvo presentes para respaldar las declaraciones de la PDDH. Entre ella se cuenta la Mesa contra la minería, la Mesa por la soberanía alimentaria, REDES, Sister Cities, el Foro del Agua, etc. 

130 organizaciones de diversos sectores se han organizado bajo el liderazgo de la PDDH para exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa ratificar el artículo número 69 de la Constitución que garantiza el derecho al agua y la soberanía alimentaria  al grueso de la población. Estas organizaciones provienen de diversos sectores de la sociedad civil entro los que se cuentan organizaciones dedicadas al medio ambiente, lo religioso, universidades, desarrollo humano y la soberanía alimentaria. Estas se expanden entre el ámbito nacional e internacional.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales, declaró que la Asamblea Legislativa ha incumplido sus obligaciones con la población al retardar la aprobación del artículo 69 de la Constitución por más de nueve años. A través de su declaración buscar generar presión para que la actual legislatura cumpla sus responsabilidades antes de que se cumpla el tiempo límite. El Procurador recalcó que dicho artículo está en espera de ser aprobado desde el año 2008 y que las sucesivas legislaturas han fallado a sus responsabilidades con la sociedad civil que viene exigiendo la ratificación del derecho.

Karen Ramírez, vocera del Foro del Agua, lamentó el desgano con que la Asamblea Legislativa ha tratado el tema, ignorando una necesidad que aqueja a gran parte de la población, asegurando que esto pone en riesgo la imagen de la Asamblea Legislativa al no dar una posición clara. También se señaló que solo quedan quince días para ratificar reforma constitucional en este periódico legislativo. De no hacerlo, el proceso empezaría de nuevo, lo cual conllevaría a una espera de al menos seis años más. El que el derecho al agua y a la soberanía alimentaria tenga rango constitucional dará capacidad a población sin agua a reclamar derecho humano, acceso a mayores presupuestos para la distribución y accesibilidad, dejaría de ser privilegio exclusivo de las zonas con capacidad de pago.

El dirigente de REDES, Carlos Cotto, quien es miembro de la Mesa contra la minería y el Foro del Agua, manifestó que desde el 2008 las organizaciones sin fines de lucro han venido presionando y representando a sociedad civil que exige la garantía del derecho. Luego agregó que la presión ha provenido de diversos sectores de la población así como del ámbito nacional e internacional, lo cual viene a corroborar que la ratificación del artículo es urgente. Las zonas más afectadas ante la falta del soporte constitucional están ubicadas en el interior del país, sin embargo se pueden encontrar comunidades en igual estado dentro del mismo San Salvador. Cotto declaró también que, en su opinión, parte de la oposición más grande contra la ratificación del artículo proviene de la empresa privada.

Catie Johnston de Sister Cities, organización que también es parte de la Mesa contra la minería, aclaró que el apoyo del exterior proviene de redes de organizaciones hermanas que luchan por la concreción de los derechos humanos más básicos dentro del istmo centroamericano y latinoamerica. Muchas de ellas están presentes en el país desde los años setenta, apoyando a comunidades y haciendo presión a las instancias del poder de diversas maneras. Johnston declaró también que si bien “ha habido mucha presión por parte de la sociedad civil”, ve difícil la ratificación del decreto debido a “los intereses de la empresa privada”.

Omar Serrano, vicerrector de la UCA, exigió saber cuáles eran las razones por las cuales los partidos que se han mantenido en silencio están en contra de la ratificación del decreto. La reforma debe ser aprobada en dos legislaturas consecutivas, por lo que de no aprobarse en estas últimas dos semanas, deberán esperarse dos nuevas legislaturas más. Carlos Flores, miembro del Foro del agua instó al Estado a ratificar el decreto y garantizar recursos para aliviar los problemas causados por la desigualdad y las sequías que amenazan el futuro de los pequeños agricultores y comunidades que subsisten del trabajo de la tierra.

Se estima que alrededor de un millón y medio de personas tiene poco o nulo acceso a agua potable, de igual manera se estima que una cantidad similar apenas logra cubrir los gastos de la canasta básica mínima para su manutención. El Procurador agregó que si bien sus declaraciones no tienen fuerza de coerción, tiene una influencia constitucional que debe ser tomada en cuenta.

En 2015 incendios forestales aumentaron en un 110,9% a comparación del año pasado

Por Tatiana Alfaro

      Archivo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En cuestión de 3 meses, en El Salvador se han perdido 8,056 hectáreas de bosque a causa de incendios forestales y de maleza.

En las últimas 72 horas el Cuerpo de Bomberos registró cinco incendios en distintos puntos del territorio nacional. Entre los lugares afectados renombran: Cantón El Roble y  Finca Los Laureles en San Vicente, Cerro Taburete en Usulután, Finca La Tigresa en La unión y Cantón Rosario en Santa Ana. Los siniestros han afectado, hasta el momento, un total de 243 hectáreas de bosque.

Según un informe de la Unidad de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos, entre enero y marzo de este año, los incendios se incrementaron en un 110,9%. Hasta la fecha, se han registrado 152 incendios forestales y 771 en maleza, que han dejado daños en 8,056 hectáreas de bosque. En contraste al año pasado se registraron solo 68 incendios forestales y 538 en maleza, afectando 1,453 hectáreas en los departamentos de Chalatenango, San Vicente, Cabañas, La unión, Morazán, La Libertad y Sonsonate.

El pasado 25 de marzo la Cooperación Alemana (GIZ) donó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) equipo valorado en 18 mil dólares para ayudar a los guardarrecursos a combatir incendios forestales. El instrumental especializado consistió en: 28 bombas para incendios, cuatro motosierras, cinco cajas  de mascarillas para humo, 28 hachas, 28 rastrillos forestales, 28 cascos de seguridad, 28 linternas, 56 palas de diferente tamaño, 28 machetes y 28 cumas.

“En efecto, en los últimos años hemos tenido un constante crecimiento de incendios forestales, que hasta cierto punto, sobrepasa la capacidad que tiene el Cuerpo de Bomberos. De ahí ha resultado importante multiplicar los esfuerzos humanos con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente”, expresó el Jefe de la Unidad de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos, Marlon Chávez.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha iniciado la construcción del Plan de Manejo de Fuego que tiene como objetivo coordinar esfuerzos con  alcaldías, agricultores y población en general, para enfrentar los incendios forestales desde sus causas. Ya que, según un informe emitido por Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, el 99% de estos son causados por los humanos en la quema de rastrojos, basura y cañaverales, uso del fuego para la extracción de miel y cigarrillos.

En 2012 la UNDAC (Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres) reveló en un comunicado que El Salvador se posicionaba entre los 10 países más vulnerables ante el cambio climático, debido a la pérdida del 30% de su biodiversidad.