Por: Adriana López.

Jóvenes miembros de la Red Activista El Salvador expresaron su inconformidad y molestia por la falta de apoyo por parte de los diferentes funcionarios públicos del país. 

Óscar Alemán y Rocío Fuentes, representantes de Red Activista El Salvador, dieron los detalles del evento.    Fotografía: Adriana López.

La Red Activista El Salvador junto a otros jóvenes pro derechos humanos y ambientales, desarrollaron la tarde de este día el Desafió SV, que buscaba la participación de figuras políticas para debatir los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en temas como el derecho y buen uso de fuentes de agua, derechos humanos, civiles y de género.  Sin embargo muchos de los funcionarios públicos convocados no se presentaron y tampoco enviaron representantes en su lugar.

Roció Fuentes  jefa de comunicaciones internacionales de la Red de Activistas, expresó su molestia ante la falta de apoyo de los líderes políticos a los que se les enviaron invitaciones las cuales quedaron sin respuesta.  Fuentes explicó que son varias asociaciones fundadas por jóvenes quienes también se unieron a este evento “Los jóvenes somos la fuerza de este país” señaló. Agregó asimismo que muchos de los invitados fueron jóvenes líderes de cada partido político del país, sin embargo, ninguno de ellos se presentó. “Cómo es posible que alguien nos represente si no tiene tiempo de venir a sentarse con nosotros y a pasar un buen tiempo” comentó Fuentes. 

Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), enviaron a sus representantes  a la actividad para demostrar su apoyo ante la iniciativa. Mariana Díaz, representante de la UNO, lamentó la  “falta de compromiso hacia los jóvenes”.

El Ministro de Obras Públicas Gerson Martínez fue la única figura política que asistió al evento. “Yo vine porque me plantearon que era un desafío y que era promovido por jóvenes y eso me parece muy importante. Que los jóvenes tomen en sus manos el presente y el futuro que es el de avanzar y construir prosperidad” expresó el funcionario. Martínez asistió junto a dos colaboradores a quienes presentó como la fuerza joven de su ministerio. 

El ministro expresó además, su postura ante los movimientos iniciados por grupos juveniles “la juventud tiene que tomar la palabra, las políticas públicas son de la gente, no hay que dejar las políticas públicas solo en manos del estado, es un asunto de ciudadanías” enfatizó el funcionario. 

El Ministro de Obras Publicas  Gerson Martínez, dio el visto bueno al evento promovido por jóvenes.  Fotografía: Adriana López.

El Desafío SV se llevó a cabo en el Monumento al Divino Salvador del Mundo. Fotografía por: Adriana López.

MARN SIN RESPONSABILIDAD EN CASO SANTO TOMÁS

Fotografía por: Adriana López

El Ministerio Medio Ambiente y Recursos Naturales señala que no le compete resolver quejas de los habitantes.

En el año 2009 Grupo Roble adquirió un permiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para construir un complejo habitacional en el municipio de Santo Tomás. A principios de 2015 se inició el proyecto y los habitantes de la zona dicen estar preocupados ante el impacto ambiental que eso traerá.

En enero de este año, la atención de los pobladores de Santo Tomás se ha  centrado en prevenir la  construcción de un complejo habitacional por parte de Grupo Roble, en el cual se tuvo que talar un total de 1,200 árboles. Esto, según habitantes del municipio, alterará el ecosistema, además de afectar los mantos acuíferos que existen en esa área.

De acuerdo con los pobladores el municipio debería protegerse contra amenazas hacia sus recursos naturales debido a que de ellos obtienen todo lo necesario para subsistir. A pesar de sus constantes peticiones en conjunto a organizaciones afines a la causa, la municipalidad de Santo Tomás  avaló en el año 2009 un permiso donde se le concedía a Grupo Roble realizar la construcción.

El MARN, por su parte, no desmiente haber dado su consentimiento a Grupo Roble para realizar el proyecto. Mauricio Alfaro, Coordinador de Denuncias del MARN, aseguró que no le compete al ministerio resolver el caso de inconformidad de la población, puesto que Santo Tomás no se encuentra dentro de las Áreas Naturales Protegidas y que además es propiedad privada, por lo que basta con el permiso de la municipalidad, como autoridad local, para desarrollar cualquier proyecto.

“Una cosa hay que aclarar, si me dicen esta es un área natural protegida, hay que tener un documento que me avale. Si yo no la puedo ubicar en un mapa como área protegida, entonces no se puede asegurar eso”, añadió Alfaro.

Respecto a la tala de árboles en el lugar, se refirió a la Ley Forestal, que en el artículo 15 (control de recursos forestales privados) dicta: “La regulación sobre siembra, poda y tala de árboles en zonas urbanas será de competencia exclusiva de la municipalidad respectiva”. Sólo las municipalidades pertinentes pueden limitar y controlar  las actividades o el uso de recursos naturales que existan en cualquier área privada.

“Que el MARN dé un permiso no exime de sacar los demás permisos” agregó Alfaro, “es la municipalidad local quien tiene la autoridad máxima”, recalcó.

Según ciudadanos de Santo Tomás, fue el 27 de enero del 2015 que se comenzó la tala de árboles en el terreno, aún sin contar con todos los permisos requeridos por la Alcaldía, como el de terracería que fue dado el 7 de abril, a más de dos meses después de iniciada la obra. Los habitantes también denuncian el hecho que, a pesar de estas irregularidades, la alcaldía no aplica a una sanción ni realiza esfuerzos por investigar la legalidad del proceso.

                                                                             Fotografía por: Habitantes Santo Tomás

Permiso de terracería emitido por la Alcaldía de Santo Tomás.

Con un estimado de 25 mil 344 habitantes, Santo Tomás es un importante municipio del departamento de San Salvador, cuya cifra habitacional y características territoriales lo ha llevado a desarrollarse en el rubro de la agricultura, según datos del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Sus principales cultivos son el café, la caña de azúcar y las hortalizas. Actualmente posee dos principales ríos de riego, río El Jocote y río El Cacao, también posee un cerro principal, Cerro el Amate, a una elevación de 820 metros sobre el nivel del mar. Pese a todo lo anterior, Santo Tomás no se encuentra dentro de las áreas naturales protegidas por el MARN, ni tampoco cuenta  con un control especial para preservar sus recursos ambientales. 

Zona deforestada por la construcción en el Cantón El Porvenir. Archivo de UNES.

Por Tatiana Alfaro

La Unidad Ecológica Salvadoreña y representante de la Red Ambientalista de Santo Tomás advierten los daños irreversibles que traerá al municipio la construcción del proyecto “Brisas de Santo Tomás” y “Plaza Santo Tomás”, el cual obtuvo aval del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En enero de 2015 el Grupo Roble y la empresa SIMAN iniciaron la construcción de un proyecto urbanístico y centro comercial en el municipio de Santo Tomás, el cual hasta el momento, ha dejado daños en 201 mil 688 metros cuadrados de bosque por la tala de 1,311 árboles centenarios y 24,051 arbustos en una extensión de 24, 3 kilómetros cuadrados.

“Este proyecto, dejará muchos daños en la región. Entre ellos, por ejemplo, se contaminarán los mantos acuíferos de la zona, la cual tiene bastante carga hídrica. Además, esto afectará en el impacto del cambio climático en el país y la protección natural ante los inviernos.”, comentó el integrante de la Red Ambientalista de Santo Tomás, Oscar López.

En la página oficial de Facebook de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás se compartió la información sobre la reunión que mantuvieron representantes del Grupo Roble con algunos pobladores de la zona y expresaron los beneficios que traería el proyecto al municipio, entre ellos: establecimiento de agua potable, arreglo de calles, campañas de reforestación y creación de al menos 500 empleos.

Según el reporte “Estrategia Nacional de Biodiversidad” del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) del año 2013, El Salvador solo cuenta con un total de 14% de ecosistema boscoso y se estableció que la urbanización ocupa más del 4% del territorio nacional, impactando a diversos ecosistemas del país. Por esa razón, se recomendó dar mayor atención al tema de ordenamientos y proyecciones urbanísticas.

Por su parte, el Alcalde de Santo Tomás, Efraín Cañas, publicó en la página oficial de la Alcaldía que la construcción del proyecto fue evaluada, revisada y avalada por el MARN, asegurando que no se dañaría ningún ecosistema local.

A pesar de esto, la representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Dolores Romero, mencionó que el desarrollo de estos proyectos urbanísticos generará contaminación en las cuencas del río Titihuapa, las cuales sirven para regar los sembradíos de la región y  abastecer los pozos del Cantón Porvenir y Las Casitas. “Esas cuencas que permiten a esta gente mantenerse a través de la soberanía alimentaria y tener acceso a agua, serán dañadas para siempre”, aseguró.

Así también, la representante de UNES manifestó que el daño causado a la zona de Santo Tomás no solo afecta a las comunidades aledañas, sino también al departamento de San Salvador, puesto que esa deforestación daña más la biodiversidad de la región.

Según reportes del SNET en enero de 2015 la calidad del aire en San Salvador se catalogó como dañina y en 2009 el informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres, publicado por la ONU, estableció que El Salvador es uno de los países más vulnerables a nivel mundial, ante el cambio climático, a causa de la deforestación.

Mientras tanto, a través de una publicación en la página oficial del MARN se dio a conocer la postura del viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Ibarra, ante la situación medioambiental del país, durante el taller de Resilencia climática en sistemas urbanos, el cual expresó: “Estamos comprometidos a impulsar políticas públicas para enfrentar el riesgo climático, con una visión que supera el tema del calentamiento global, ecosistémica que tiene que ver con agua, biodiversidad, patrones energéticos y con la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros temas”. 

Desde el año 2012 que se aprobó el anteproyecto para reformar el artículo 69 de la Constitución de la República, varios partidos políticos se han opuesto a ratificar el decreto que vence el próximo 30 de este mes

Por Diego Pineda

Foto: diario digital La página

La Asamblea Legislativa (AL), durante el año 2012, y junto con el apoyo de  81 votos de los diputados de todas las fracciones políticas, aprobaron un anteproyecto de reforma a la Constitución de la República del artículo 69, que hace referencia a que el Estado debe ser garante en la consecución de proyectos y políticas destinadas a garantizar una alimentación adecuada y un servicio de agua para todos los salvadoreños, así como también una ley que las regule. 

Sin embargo, en las siguientes sesiones plenarias  -con el requisito de la mayoría calificada, es decir, 56 votos de los parlamentarios- se necesitaba ratificar este artículo para que entrara en vigor. 

Los partidos de oposición, en concreto ARENA, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Concertación Nacional (CN) se han negado a dar sus votos en distintas ocasiones. Según el diario Contrapunto, en mayo de 2013, cuando se discutía sobre el tema durante la sesión plenaria, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, expresó que “en manos del FMLN está que esta reforma sea ratificada este día” a cambio de que el FMLN votara en esa ocasión por la ratificación d en la Constitución del matrimonio heterosexual, esto es, hombre y mujer. 

Por su parte, el diputado de ARENA, Mario Valiente, en una entrevista realizada en 2015 por el diario el Mundo, externó, al momento de que se le hizo una pregunta con respecto a reformas en la Constitución, que: “Si hay un problema, hagamos una ley, hay un problema de agua, reformemos la Constitución para que aparezca el derecho al agua, ¿y usted cree que solo porque aparece ahí que tenemos derecho a la salud, a la vida…?, no hace falta que esté en la Constitución la palabra agua porque desde el momento que nos garantiza el derecho a la salud y a la alimentación, sin agua no podemos vivir, está entendido”. 

El diputado del FMLN, Damian Alegría, cuestionó los argumentos de los sectores políticos de derecha que expresan, según Alegría, “que no hay un respaldo constitucional para hacer una ley”. Agregó, al ser cuestionado sobre porqué sigue habiendo oposición a ratificar, que “probablemente tenga que ver con el enfoque político- filosófico que ellos tienen acerca del uso de los recursos naturales. Acordémonos que para muchos diputados de derecha, que provienen de empresas cuyo objetivo es privatizar todo lo que sea posible, miran al agua como que es un gran negocio para privatizarla. Ellos son más de la opinión de privatizarlo y creen que por esta vía se resolvería”.

Documento en línea de la página oficial de la Asamblea Legislativa, en donde se detalla la fecha de emisión y publicación del anteproyecto de reforma a la Constitución del artículo 69.

El parlamentario de izquierda, por otra parte, argumentó que otra de las razones por las que los partidos de derecha se oponen es debido “a las presiones que ellos tienen de diversas empresas que quieren hacer del agua un negocio”.

El periodo de la actual Asamblea Legislativa finaliza el 30 de este mes. De no ser aceptado la reforma durante esta legislatura, el artículo 69 quedará nulo y deberá volver a presentarse para su aprobación durante el periodo 2015- 2018 y discutirse su ratificación durante 2018-2021, es decir, que todo el proceso podría conllevar seis años.

El artículo 258 de la Constitución menciona que para que una reforma se convierta en decreto debe aprobarse mediante dos legislaturas.

En ese sentido, el jueves pasado (ver nota aparte sobre las 130 organizaciones se unen para la ratificación del derecho al agua), en la Asamblea Legislativa, varias organizaciones, sectores sociales, entre otros llegaron para exigir a los diputados la pronta ratificación del artículo 69 para que no se anule al finalizar este periodo. 

 Al respecto, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, hizo una valoración sobre el evento, argumentando que la Procuraduría ha acompañado el proceso de reforma para “el reconocimiento del derecho al agua y a la alimentación” y, por otra parte, dijo que se está por vencer la actual legislatura y se “perderá el proceso de reforma”.  A la vez, al perderse todo el proceso, expresó Morales, que eso excede todo el plazo razonable para el debate legislativo. 

“Me parece, entonces, que la Asamblea Legislativa ha incurrido en responsabilidad por incurrir en sus obligaciones de derechos humanos (…) Así que me he visto en la obligación de declarar una condena contra la Asamblea Legislativa por este incumplimiento y reiterar la recomendación: que la reforma sea aprobada en el plazo que quede y que los debates sobre la ley general de Aguas avancen y lleguemos a una pronta aprobación. Si la Asamblea rectifica y aprueba la protección a estos derechos, yo levantaré la condena”, concluyó Morales. 

Una opinión similar tuvo el vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Omar Serrano, el cual comentó que no hay una argumentación fundamentada ni técnica ni jurídicamente para “oponerse a declarar en contra de la ratificación del artículo”. Además, según Serrano, varios organismos internacionales, como la Organización de la Naciones Unidas (ONU) han reconocido el derecho al agua y la alimentación. 

Diversos ámbitos de la sociedad civil nacional e internacional se unen para exigir la ratificación del artículo 69 de la Constitución. De no obtener rango constitucional, la ley podría esperar  otros seis años para ser aprobada.

Por Donovan Najarro

La red de 130 organizaciones estuvo presentes para respaldar las declaraciones de la PDDH. Entre ella se cuenta la Mesa contra la minería, la Mesa por la soberanía alimentaria, REDES, Sister Cities, el Foro del Agua, etc. 

130 organizaciones de diversos sectores se han organizado bajo el liderazgo de la PDDH para exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa ratificar el artículo número 69 de la Constitución que garantiza el derecho al agua y la soberanía alimentaria  al grueso de la población. Estas organizaciones provienen de diversos sectores de la sociedad civil entro los que se cuentan organizaciones dedicadas al medio ambiente, lo religioso, universidades, desarrollo humano y la soberanía alimentaria. Estas se expanden entre el ámbito nacional e internacional.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales, declaró que la Asamblea Legislativa ha incumplido sus obligaciones con la población al retardar la aprobación del artículo 69 de la Constitución por más de nueve años. A través de su declaración buscar generar presión para que la actual legislatura cumpla sus responsabilidades antes de que se cumpla el tiempo límite. El Procurador recalcó que dicho artículo está en espera de ser aprobado desde el año 2008 y que las sucesivas legislaturas han fallado a sus responsabilidades con la sociedad civil que viene exigiendo la ratificación del derecho.

Karen Ramírez, vocera del Foro del Agua, lamentó el desgano con que la Asamblea Legislativa ha tratado el tema, ignorando una necesidad que aqueja a gran parte de la población, asegurando que esto pone en riesgo la imagen de la Asamblea Legislativa al no dar una posición clara. También se señaló que solo quedan quince días para ratificar reforma constitucional en este periódico legislativo. De no hacerlo, el proceso empezaría de nuevo, lo cual conllevaría a una espera de al menos seis años más. El que el derecho al agua y a la soberanía alimentaria tenga rango constitucional dará capacidad a población sin agua a reclamar derecho humano, acceso a mayores presupuestos para la distribución y accesibilidad, dejaría de ser privilegio exclusivo de las zonas con capacidad de pago.

El dirigente de REDES, Carlos Cotto, quien es miembro de la Mesa contra la minería y el Foro del Agua, manifestó que desde el 2008 las organizaciones sin fines de lucro han venido presionando y representando a sociedad civil que exige la garantía del derecho. Luego agregó que la presión ha provenido de diversos sectores de la población así como del ámbito nacional e internacional, lo cual viene a corroborar que la ratificación del artículo es urgente. Las zonas más afectadas ante la falta del soporte constitucional están ubicadas en el interior del país, sin embargo se pueden encontrar comunidades en igual estado dentro del mismo San Salvador. Cotto declaró también que, en su opinión, parte de la oposición más grande contra la ratificación del artículo proviene de la empresa privada.

Catie Johnston de Sister Cities, organización que también es parte de la Mesa contra la minería, aclaró que el apoyo del exterior proviene de redes de organizaciones hermanas que luchan por la concreción de los derechos humanos más básicos dentro del istmo centroamericano y latinoamerica. Muchas de ellas están presentes en el país desde los años setenta, apoyando a comunidades y haciendo presión a las instancias del poder de diversas maneras. Johnston declaró también que si bien “ha habido mucha presión por parte de la sociedad civil”, ve difícil la ratificación del decreto debido a “los intereses de la empresa privada”.

Omar Serrano, vicerrector de la UCA, exigió saber cuáles eran las razones por las cuales los partidos que se han mantenido en silencio están en contra de la ratificación del decreto. La reforma debe ser aprobada en dos legislaturas consecutivas, por lo que de no aprobarse en estas últimas dos semanas, deberán esperarse dos nuevas legislaturas más. Carlos Flores, miembro del Foro del agua instó al Estado a ratificar el decreto y garantizar recursos para aliviar los problemas causados por la desigualdad y las sequías que amenazan el futuro de los pequeños agricultores y comunidades que subsisten del trabajo de la tierra.

Se estima que alrededor de un millón y medio de personas tiene poco o nulo acceso a agua potable, de igual manera se estima que una cantidad similar apenas logra cubrir los gastos de la canasta básica mínima para su manutención. El Procurador agregó que si bien sus declaraciones no tienen fuerza de coerción, tiene una influencia constitucional que debe ser tomada en cuenta.

En 2015 incendios forestales aumentaron en un 110,9% a comparación del año pasado

Por Tatiana Alfaro

      Archivo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En cuestión de 3 meses, en El Salvador se han perdido 8,056 hectáreas de bosque a causa de incendios forestales y de maleza.

En las últimas 72 horas el Cuerpo de Bomberos registró cinco incendios en distintos puntos del territorio nacional. Entre los lugares afectados renombran: Cantón El Roble y  Finca Los Laureles en San Vicente, Cerro Taburete en Usulután, Finca La Tigresa en La unión y Cantón Rosario en Santa Ana. Los siniestros han afectado, hasta el momento, un total de 243 hectáreas de bosque.

Según un informe de la Unidad de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos, entre enero y marzo de este año, los incendios se incrementaron en un 110,9%. Hasta la fecha, se han registrado 152 incendios forestales y 771 en maleza, que han dejado daños en 8,056 hectáreas de bosque. En contraste al año pasado se registraron solo 68 incendios forestales y 538 en maleza, afectando 1,453 hectáreas en los departamentos de Chalatenango, San Vicente, Cabañas, La unión, Morazán, La Libertad y Sonsonate.

El pasado 25 de marzo la Cooperación Alemana (GIZ) donó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) equipo valorado en 18 mil dólares para ayudar a los guardarrecursos a combatir incendios forestales. El instrumental especializado consistió en: 28 bombas para incendios, cuatro motosierras, cinco cajas  de mascarillas para humo, 28 hachas, 28 rastrillos forestales, 28 cascos de seguridad, 28 linternas, 56 palas de diferente tamaño, 28 machetes y 28 cumas.

“En efecto, en los últimos años hemos tenido un constante crecimiento de incendios forestales, que hasta cierto punto, sobrepasa la capacidad que tiene el Cuerpo de Bomberos. De ahí ha resultado importante multiplicar los esfuerzos humanos con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente”, expresó el Jefe de la Unidad de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos, Marlon Chávez.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha iniciado la construcción del Plan de Manejo de Fuego que tiene como objetivo coordinar esfuerzos con  alcaldías, agricultores y población en general, para enfrentar los incendios forestales desde sus causas. Ya que, según un informe emitido por Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, el 99% de estos son causados por los humanos en la quema de rastrojos, basura y cañaverales, uso del fuego para la extracción de miel y cigarrillos.

En 2012 la UNDAC (Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres) reveló en un comunicado que El Salvador se posicionaba entre los 10 países más vulnerables ante el cambio climático, debido a la pérdida del 30% de su biodiversidad.

El Inquisidor: Foto por Ulises Iraheta. Presidente de la República durante discurso en pro de la vida y la paz.

Miles de salvadoreños se dieron cita a la Marcha por la Paz,  la Vida y la Justicia, sin embargo en el transcurso de la madrugada,  acontecieron casos de violencia en diversos municipios del país.

Durante la Marcha por la Paz,  la Vida y la Justicia, el presidente de la República Sánchez Cerén emitió un mensaje a la nación sobre el nuevo plan que llevará a cabo para disminuir los índices de criminalidad y violencia, al cual ha denominado “Ley de Reinserción de Pandillas y Prevención para Personas en Riesgo”. Asimismo, prometió aplicar la ley con firmeza para derrotar la delincuencia.

No obstante, antes de dar inicio a la Marcha por la Paz, hechos violentos se realizaron durante la madrugada cuando en Ilobasco se reportó  el lanzamiento de una granada en la sub-delegación policial del municipio, según reportó la PNC al periódico de La Prensa Gráfica.

Así también, en diversos medios escritos y televisivos del país, se dieron a conocer los hallazgos de tres cadáveres ubicados en diferentes puntos del territorio nacional. El primer caso fue en La Unión, donde Guillermo Coreas fue lapidado; el segundo en Armenia, donde autoridades encontraron el cadáver de una mujer envuelto en sábanas y el tercero se ubicó en la carretera a Sonsonate, donde debido al grado de descomposición que presentaba el cuerpo, la víctima no pudo ser identificada.

El Inquisidor: Foto por Adriana López. Lorena Peña comenta sobre caso Carlos Rivas

Miembros del partido oficial y organizaciones feministas se pronunciaron en contra de la violencia hacia las mujeres y mostraron su inconformidad con el caso pastor Carlos Rivas.

La diputada del FMLN Lorena Peña, tras la finalización de la marcha por la Paz, afirmó  que el pastor del Tabernáculo de Avivamiento (TAI), Carlos Rivas, debe ser expulsado del Consejo Nacional  de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC). Agregó que "el que se atreve a ser miembro de un Consejo de Seguridad debe ser mínimamente una persona que no ejerza violencia. La violencia es un delito contra la mujer".

El CNSCC, según la parlamentaria, no ha llevado a cabo una resolución sobre el tema de expulsar a Rivas. Sin embargo, resaltó el pronunciamiento del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en su discurso de este día sobre no tolerar ningún tipo de acto en contra del género femenino.

El mandatario recalcó que los feminicidios serán perseguidos con todo el rigor de la ley. Además, hizo un llamado a las instituciones de seguridad y justicia a contribuir, de manera coordinada, en la eficacia de los servicios que brindan. A pesar de esto, solo en el año 2015 se contabiliza un total de 58 mujeres asesinadas en distintos puntos del país, según registros de la Policía Nacional Civil (PNC).

En el marco del Día Nacional por la Vida, la Paz y la Justicia, las organizaciones feministas, como las DIGNAS y la Asociación para la Autodeterminación y desarrollo de mujeres Salvadoreñas (AMS), también se pronunciaron para exigir una vida libre de violencia, bajo el argumento que durante 2014 murieron un total de 292 mujeres y hubo 2475 denuncias por violencia intrafamiliar según la PNC.

Las agrupaciones de féminas hicieron un llamado para que estas cifras disminuyan y, a su vez, exhortaron al presidente de la República a tomar acciones concretas en el caso del pastor Rivas, tras su liberación ayer al pagar 5 mil dólares de fianza.

Gráfica, según PNC, sobre delitos de violencia contra las mujeres 2014