Diversos ámbitos de la sociedad civil nacional e internacional se unen
para exigir la ratificación del artículo 69 de la Constitución. De no obtener
rango constitucional, la ley podría esperar
otros seis años para ser aprobada.
Por Donovan Najarro
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La red de 130 organizaciones
estuvo presentes para respaldar las declaraciones de la PDDH. Entre ella se
cuenta la Mesa contra la minería, la Mesa por la soberanía alimentaria, REDES,
Sister Cities, el Foro del Agua, etc.
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130 organizaciones de diversos
sectores se han organizado bajo el liderazgo de la PDDH para exigir a los
diputados de la Asamblea Legislativa ratificar el artículo número 69 de la
Constitución que garantiza el derecho al agua y la soberanía alimentaria al grueso de la población. Estas
organizaciones provienen de diversos sectores de la sociedad civil entro los
que se cuentan organizaciones dedicadas al medio ambiente, lo religioso, universidades,
desarrollo humano y la soberanía alimentaria. Estas se expanden entre el ámbito
nacional e internacional.
El Procurador para la Defensa de
los Derechos Humanos, David Ernesto Morales, declaró que la Asamblea
Legislativa ha incumplido sus obligaciones con la población al retardar la
aprobación del artículo 69 de la Constitución por más de nueve años. A través
de su declaración buscar generar presión para que la actual legislatura cumpla
sus responsabilidades antes de que se cumpla el tiempo límite. El Procurador
recalcó que dicho artículo está en espera de ser aprobado desde el año 2008 y
que las sucesivas legislaturas han fallado a sus responsabilidades con la
sociedad civil que viene exigiendo la ratificación del derecho.
Karen Ramírez, vocera del Foro
del Agua, lamentó el desgano con que la Asamblea Legislativa ha tratado el
tema, ignorando una necesidad que aqueja a gran parte de la población,
asegurando que esto pone en riesgo la imagen de la Asamblea Legislativa al no
dar una posición clara. También se señaló que solo quedan quince días para
ratificar reforma constitucional en este periódico legislativo. De no hacerlo,
el proceso empezaría de nuevo, lo cual conllevaría a una espera de al menos
seis años más. El que el derecho al agua y a la soberanía alimentaria tenga
rango constitucional dará capacidad a población sin agua a reclamar derecho
humano, acceso a mayores presupuestos para la distribución y accesibilidad,
dejaría de ser privilegio exclusivo de las zonas con capacidad de pago.
El dirigente de REDES, Carlos
Cotto, quien es miembro de la Mesa contra la minería y el Foro del Agua,
manifestó que desde el 2008 las organizaciones sin fines de lucro han venido
presionando y representando a sociedad civil que exige la garantía del derecho.
Luego agregó que la presión ha provenido de diversos sectores de la población
así como del ámbito nacional e internacional, lo cual viene a corroborar que la
ratificación del artículo es urgente. Las zonas más afectadas ante la falta del
soporte constitucional están ubicadas en el interior del país, sin embargo se
pueden encontrar comunidades en igual estado dentro del mismo San Salvador.
Cotto declaró también que, en su opinión, parte de la oposición más grande
contra la ratificación del artículo proviene de la empresa privada.
Catie Johnston de Sister Cities,
organización que también es parte de la Mesa contra la minería, aclaró que el
apoyo del exterior proviene de redes de organizaciones hermanas que luchan por
la concreción de los derechos humanos más básicos dentro del istmo
centroamericano y latinoamerica. Muchas de ellas están presentes en el país
desde los años setenta, apoyando a comunidades y haciendo presión a las
instancias del poder de diversas maneras. Johnston declaró también que si bien
“ha habido mucha presión por parte de la sociedad civil”, ve difícil la
ratificación del decreto debido a “los intereses de la empresa privada”.
Omar Serrano, vicerrector de la
UCA, exigió saber cuáles eran las razones por las cuales los partidos que se
han mantenido en silencio están en contra de la ratificación del decreto. La
reforma debe ser aprobada en dos legislaturas consecutivas, por lo que de no
aprobarse en estas últimas dos semanas, deberán esperarse dos nuevas
legislaturas más. Carlos Flores, miembro del Foro del agua instó al Estado a
ratificar el decreto y garantizar recursos para aliviar los problemas causados
por la desigualdad y las sequías que amenazan el futuro de los pequeños
agricultores y comunidades que subsisten del trabajo de la tierra.
Se estima que alrededor de un
millón y medio de personas tiene poco o nulo acceso a agua potable, de igual
manera se estima que una cantidad similar apenas logra cubrir los gastos de la
canasta básica mínima para su manutención. El Procurador agregó que si bien sus
declaraciones no tienen fuerza de coerción, tiene una influencia constitucional
que debe ser tomada en cuenta.
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