Por Diego Pineda
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| Foto: diario digital La página |
La Asamblea Legislativa (AL), durante el año 2012, y junto con el apoyo de 81 votos de los diputados de todas las fracciones políticas, aprobaron un anteproyecto de reforma a la Constitución de la República del artículo 69, que hace referencia a que el Estado debe ser garante en la consecución de proyectos y políticas destinadas a garantizar una alimentación adecuada y un servicio de agua para todos los salvadoreños, así como también una ley que las regule.
Sin embargo, en las siguientes sesiones plenarias -con el requisito de la mayoría calificada, es decir, 56 votos de los parlamentarios- se necesitaba ratificar este artículo para que entrara en vigor.
Los partidos de oposición, en concreto ARENA, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Concertación Nacional (CN) se han negado a dar sus votos en distintas ocasiones. Según el diario Contrapunto, en mayo de 2013, cuando se discutía sobre el tema durante la sesión plenaria, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, expresó que “en manos del FMLN está que esta reforma sea ratificada este día” a cambio de que el FMLN votara en esa ocasión por la ratificación d en la Constitución del matrimonio heterosexual, esto es, hombre y mujer.
Por su parte, el diputado de ARENA, Mario Valiente, en una entrevista realizada en 2015 por el diario el Mundo, externó, al momento de que se le hizo una pregunta con respecto a reformas en la Constitución, que: “Si hay un problema, hagamos una ley, hay un problema de agua, reformemos la Constitución para que aparezca el derecho al agua, ¿y usted cree que solo porque aparece ahí que tenemos derecho a la salud, a la vida…?, no hace falta que esté en la Constitución la palabra agua porque desde el momento que nos garantiza el derecho a la salud y a la alimentación, sin agua no podemos vivir, está entendido”.
El diputado del FMLN, Damian Alegría, cuestionó los argumentos de los sectores políticos de derecha que expresan, según Alegría, “que no hay un respaldo constitucional para hacer una ley”. Agregó, al ser cuestionado sobre porqué sigue habiendo oposición a ratificar, que “probablemente tenga que ver con el enfoque político- filosófico que ellos tienen acerca del uso de los recursos naturales. Acordémonos que para muchos diputados de derecha, que provienen de empresas cuyo objetivo es privatizar todo lo que sea posible, miran al agua como que es un gran negocio para privatizarla. Ellos son más de la opinión de privatizarlo y creen que por esta vía se resolvería”.
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| Documento en línea de la página oficial de la Asamblea Legislativa, en donde se detalla la fecha de emisión y publicación del anteproyecto de reforma a la Constitución del artículo 69. |
El parlamentario de izquierda, por otra parte, argumentó que otra de las razones por las que los partidos de derecha se oponen es debido “a las presiones que ellos tienen de diversas empresas que quieren hacer del agua un negocio”.
El periodo de la actual Asamblea Legislativa finaliza el 30 de este mes. De no ser aceptado la reforma durante esta legislatura, el artículo 69 quedará nulo y deberá volver a presentarse para su aprobación durante el periodo 2015- 2018 y discutirse su ratificación durante 2018-2021, es decir, que todo el proceso podría conllevar seis años.
El artículo 258 de la Constitución menciona que para que una reforma se convierta en decreto debe aprobarse mediante dos legislaturas.
En ese sentido, el jueves pasado (ver nota aparte sobre las 130 organizaciones se unen para la ratificación del derecho al agua), en la Asamblea Legislativa, varias organizaciones, sectores sociales, entre otros llegaron para exigir a los diputados la pronta ratificación del artículo 69 para que no se anule al finalizar este periodo.
Al respecto, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, hizo una valoración sobre el evento, argumentando que la Procuraduría ha acompañado el proceso de reforma para “el reconocimiento del derecho al agua y a la alimentación” y, por otra parte, dijo que se está por vencer la actual legislatura y se “perderá el proceso de reforma”. A la vez, al perderse todo el proceso, expresó Morales, que eso excede todo el plazo razonable para el debate legislativo.
“Me parece, entonces, que la Asamblea Legislativa ha incurrido en responsabilidad por incurrir en sus obligaciones de derechos humanos (…) Así que me he visto en la obligación de declarar una condena contra la Asamblea Legislativa por este incumplimiento y reiterar la recomendación: que la reforma sea aprobada en el plazo que quede y que los debates sobre la ley general de Aguas avancen y lleguemos a una pronta aprobación. Si la Asamblea rectifica y aprueba la protección a estos derechos, yo levantaré la condena”, concluyó Morales.
Una opinión similar tuvo el vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Omar Serrano, el cual comentó que no hay una argumentación fundamentada ni técnica ni jurídicamente para “oponerse a declarar en contra de la ratificación del artículo”. Además, según Serrano, varios organismos internacionales, como la Organización de la Naciones Unidas (ONU) han reconocido el derecho al agua y la alimentación.
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